En su exposición, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, resaltó que para enfrentar las economías ilícitas generadas por la criminalidad se requiere que exista transversalidad en las políticas y que ningún sector ideológico se apodere de este combate, puesto que ese flagelo afecta a la sociedad en su conjunto.
El secretario de Estado hizo la reflexión durante la Cuenta Pública de la gestión 2023, y los avances de este año, en que resaltó como un hito relevante el inicio de la labor del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la zona norte y la implementación en la zona sur, donde comenzará a operar en enero de 2025.
En la ocasión estuvieron presentes los subsecretarios de Justicia, Jaime Gajardo, y de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, así como de los directores y las directoras de servicios dependientes -entre ellas la directora del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez-, autoridades del sistema judicial, parlamentarios, y representantes de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos y de otros organismos públicos.
Entre los aspectos más destacados de la gestión, el ministro mencionó la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda y los desafíos que tiene para contribuir en el establecimiento de la trayectoria de las víctimas de desaparición forzada, para lo cual incluso se utilizará la inteligencia artificial.
También se refirió al desarrollo de una nueva política penitenciaria, que incluye un plan maestro de infraestructura, a partir de los proyectos anunciados por el Presidente Boric, los que están todos en ejecución.
También subrayó los avances en la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que ofrecerá una atención integral, y aseveró que no se volverá a dejar de considerar el drama que viven quienes sufren delitos.
Luis Cordero puntualizó asimismo el amplio trabajo legislativo que lleva adelante su cartera, con iniciativas ya en plena vigencia. Entre esas leyes destacó la que redujo los trámites notariales, la ley contra los delitos económicos, la que fortalece a Gendarmería para enfrentar el crimen organizado, así como la que crea la Fiscalía Supraterritorial. Asimismo, indicó que esta agenda sigue adelante para enfrentar los abusos, el crimen y mejorar la atención de los organismos públicos.
Concluyó haciendo una reflexión sobre el desafío de desarrollar una acción coordinada pública y privada para enfrentar las economías ilícitas. Dijo que “los esfuerzos que hagamos carecerán de eficacia y sólo podrán ser mínimamente efectivos si no somos capaces de comprender la globalidad del fenómeno y sus redes e implicancia, tanto dentro de nuestras fronteras como en el mundo y el continente. Las condiciones sociales de polarización, ciertas áreas de carencia estatal, el propiciar el miedo, establecen condiciones adecuadas para la operación de las economías ilícitas”.
El ministro también apuntó que “la seguridad no sólo entraña orden. Las sociedades justas, pacíficas e inclusivas son sociedades seguras. Entonces, invertir en seguridad es invertir también en derechos humanos”.
