Desde enero de 2023 se prepara la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y uno de sus ejes fundamentales es la especialización de jueces, fiscales y defensores en la materia.
Con ese objetivo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dio el vamos a la capacitación presencial de los profesionales que pondrán en práctica los cambios institucionales, sustantivos y de procedimiento que indica la Ley N° 21.527, que operará desde el 13 de enero de 2024 en la macro zona norte del país.
En la instancia estuvieron presentes el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Defensor Nacional, Carlos Mora; el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y la directora del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez.
“Este proceso de implementación, que comienza ahora en enero, y de la capacitación interinstitucional que hoy se desarrolla, depende el éxito en buena parte de la primera fase de implementación del sistema”, destacó el ministro Cordero.
“Lo que hoy tenemos para implementar es posible en un contexto, además de reforma global en términos institucionales, es decir, no sólo la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, sino que también en una cierta manera comprender el rol de las agencias públicas y especialmente el cierre definitivo del Sename y la apertura a una solución de hace más de dos décadas”, agregó el secretario de Estado.
El proceso de formación proseguirá con tres jornadas presenciales, en las que jueces, fiscales y defensores podrán simular audiencias, las que se desarrollarán el 4, 5, 6, 12, 13 y 14 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. La instancia es encabezada por la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Adolescencia (CIDENI).
¿Cómo se fortalece la administración de Justicia para adolescentes y jóvenes que han infringido la ley?
– Con la formación y dedicación de los actores judiciales (fiscales, jueces y defensores) a través de la creación de salas especializadas, salas preferentes y de atención priorizada.
– Mediante la creación en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de una unidad especializada para asesorar en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal de los delitos sometidos a la responsabilidad especial de adolescentes regulada en la ley N° 20.084.
– En la Defensoría Penal Pública, dentro de la unidad de estudios, existirá un área de defensa penal de adolescentes que asesorará al Defensor Nacional en todas aquellas políticas y acciones destinadas a garantizar la especialización de la respectiva defensa penal.
