La instancia tiene por objetivo establecer una verdad histórica sobre las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2021.
El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón y la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, firmaron esta mañana el decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad de las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Sename, entre los años 1979 y 2021.
En la actividad el Presidente Gabriel Boric Font destacó que “la creación de esta comisión reafirma el compromiso del Estado de Chile con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y nos permite avanzar como país transformando el dolor en justicia para quienes vivieron estos hechos”.
Además, relevó que “en los últimos años hemos logrado algunos avances que son significativos, con la promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que estuvo cerca de 10 años tramitándose en el Parlamento, y también con la creación de servicios especializados en materia de protección y de reinserción social juvenil”.
La Comisión de expertos tendrá como presidenta a Soledad Larraín Heiremans y estará integrada por Sebastián Valenzuela Agüero, Miguel Cillero Bruñol, Estela Ortíz Rojas, Carmen Domínguez Hidalgo, Matías Marchant Reyes y Judith Schonsteiner.
Por su parte, Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos expresó que “esperamos que esta Comisión nos permita ir, ya con su propia creación, reparando la situación de graves vulneraciones que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado, ya sea a través del Sename o a través de organismos colaboradores del Sename en residencias que se encontraban bajo los programas del Sename. Así que este es un día muy significativo, nuestro Estado está cumpliendo los compromisos con los que había llegado a través del organismo internacional, el Comité de Derechos del Niño”.
La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, indicó que “vivimos tiempos en que se presentan amenazas, dudas y cuestionamientos a la relevancia de la protección de los Derechos Humanos, por eso es muy importante nunca olvidar que esta defensa incluye la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, las vulneraciones a los Derechos Humanos que se hayan producido también en democracia son partes de las responsabilidades que tenemos que asumir como Estado y hacernos cargos respecto de vulneraciones especialmente hacia niños, niñas y adolescentes que estaban bajo su protección, bajo su custodia. Esperamos que la comisión pueda establecer la verdad, recomendaciones para adoptar y avanzar en reparación, para seguir avanzando hacia un paradigma de protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia”.
A partir de la creación de la Comisión, se iniciará una etapa de difusión destinada a informar a la ciudadanía sobre su propósito y alcance, de modo de asegurar que las personas interesadas comprendan el rol de la instancia y los mecanismos de acceso especialmente diseñados para ello. Esto permitirá que quienes deseen acercarse a la Comisión lo hagan de manera informada y en un entorno de confianza y transparencia.
Por último, Soledad Larraín Heiremans enfatizó que “en la medida que logremos generar una participación importante, que la población sienta confianza en esta Comisión, que pueda hablar, que pueda contarnos sus testimonios, vamos a tener y nos vamos a acercar a la verdad, que es el objetivo de esta Comisión. Por eso yo los llamo a ustedes, los medios de comunicación, que nos puedan ayudar en este proceso, que puedan ayudarnos a difundir la Comisión, los objetivos y generar esta confianza para poder escuchar a niños que, durante muchos años, muchas décadas, nunca han sido escuchados.”
Cabe señalar que desde febrero de 2024 estuvo en funcionamiento un grupo de trabajo conformado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, UNICEF y Defensoría de la Niñez, para generar las bases técnicas y administrativas que permitan a la Comisión de Verdad orientar su trabajo.
