Organizada por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación Proyecto B, se realizó el seminario “Niñez en Chile: Desafíos y oportunidades de la nueva institucionalidad”, en el marco de los desafíos que presenta la protección de la infancia y justicia juvenil en Chile.
Esta semana se cumplieron 33 años desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Tres décadas que han requerido de políticas públicas acompañadas del trabajo del Estado, autoridades, expertos y miembros de la sociedad civil para la implementación de este tratado internacional. Y aunque existen avances significativos en la materia, la complejidad del trato a la infancia y adolescencia en nuestro país sigue presente y requiere de instancias de diálogo para la proyección del trabajo y los desafíos del sistema.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha enfocado en este último tiempo en desarrollar programas de representación jurídica en tribunales, en instancias administrativas, en el entendido de permitir una representación de los intereses de ellos y de ellas, pero, además, en otro ámbito, que es uno de los desafíos centrales de este año, es generar condiciones para la implementación adecuada del sistema de reinserción social juvenil”, expresó Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
En efecto, uno de los grandes temas de la cartera es la instalación progresiva de la reforma al sistema de justicia juvenil, mandatada por la Ley N°21.527, que crea un nuevo servicio especializado, presidido por Rocío Faúndez, para atender a aquellos jóvenes que se encuentran en conflicto con la justicia y que contará con una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil enfocada en la interrupción de la trayectoria delictiva de adolescentes y el respeto pleno a sus derechos.
Sobre la magnitud de este desafío, el jefe de cartera aseveró que se requiere de “una transformación profunda de al menos tres cosas: primero, la comprensión institucional sobre la forma en que abordamos la niñez y la adolescencia. Segundo, la manera de comprender la función estatal, que tiene que ver con los planes de acción, asociados principalmente a modelo de habilitación integral. Por último, y, sobre todo, la coordinación interinstitucional, algo que suele estar presente en una cantidad importante de políticas públicas, pero que puede ser extremadamente compleja por la cantidad de acciones y de instituciones que es necesario unificar”.
Durante la jornada, se hizo entrega de resultados de los estudios “Evaluación de procesos y resultados intermedios para el programa de inserción laboral con jóvenes infractores de ley” y la “Propuesta de diseño para el programa de inserción laboral con jóvenes en residencias de protección”, ambos de Fundación Proyecto B, los que estuvieron a cargo de Rolando Carmona, investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica.
Adicionalmente, Alexandra Martins, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal, y coordinadora del Programa Mundial de la Onudc para poner fin a la violencia contra los niños en Viena, expuso sobre los grandes desafíos que tienen los países y sus políticas públicas en el abordaje de la problemática de la justicia juvenil, los enfoques internacionales para mejorar en esta materia, enfatizando la importancia de considerar en las políticas públicas las necesidades de niños niñas y adolescentes.
