A partir de esta semana, las víctimas de delitos cometidos por menores de edad, que accedan a participar de Mediación Penal Juvenil, podrán contar con asesoría letrada para esta instancia, otorgada por el equipo de profesionales del Centro Jurídico Psicosocial, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama (UDA), una iniciativa pionera en el país. Ello se logró gracias a la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil (SRJ) Atacama y la casa de estudios.
“A través de este convenio, como UDA reafirmamos nuestro rol como motor del desarrollo de la región, y asumimos un compromiso de justicia social, equidad de género, inclusión educativa y perspectiva de derechos humanos, que caracteriza la visión de este gobierno universitario”, manifestó el rector Forlín Aguilera, quien agregó que, a través del Centro Jurídico Psicosocial -iniciativa universitaria única en la zona norte- se articulará el apoyo y colaboración al cumplimiento de la misión del SRJ, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Asimismo, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, señaló que “estamos muy contentos por esta nueva alianza estratégica que se ha materializado, que posibilitará una serie de acciones destinadas a fortalecer los procesos de mediación penal, que redundará en mayores oportunidades para la reinserción de jóvenes y adolescentes que han entrado en conflicto con la ley”.
Por su parte, la directora del SRJ Atacama, Carolina Cortés, indicó que el convenio también establece que el servicio debe capacitar a las alumnas y alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDA, respecto de los alcances y detalles del proceso de Mediación Penal Juvenil. “Concretar esta firma, representa la eficiencia de la gestión intersectorial que hemos realizado como estado y sociedad civil, enfocada, tanto en la reparación del daño de la víctima, como en la reinserción social del joven involucrado, que a la larga derivará en mayor seguridad ciudadana”.
Mediación Penal Juvenil
Con la entrada en vigencia de la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se incorpora la mediación penal como una innovación y complemento a la justicia procesal penal, favoreciendo la utilización de alternativas al juicio oral. Es un proceso restaurativo y especializado, en el que la víctima y el imputado o imputada acuerdan determinar, conjuntamente, la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador o mediadora.
Se aplica en aquellos casos en que la víctima y el imputado consientan libre y voluntariamente en someter el conflicto a dicha instancia. El proceso de mediación podrá tener una extensión máxima de noventa días y podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo a solicitud fundada del mediador. Cumplido lo acordado en la mediación se dará lugar al archivo provisional o al sobreseimiento de la causa penal. Cabe destacar que el programa de mediación es gratuito para los y las participantes.
